Después de varios años de intensas negociaciones, las instituciones de la UE han acordado la reforma de las normas fiscales de la Unión, que podrían suponer una vuelta a las políticas de austeridad de la pasada década. Para Social Platform, principal plataforma de las organizaciones sociales europeas, “en lugar de aprovechar esta oportunidad para crear normas fiscales que puedan responder a los desafíos actuales y futuros de Europa, el resultado final ha quedado muy por debajo de las expectativas”. Como parte de la coalición Fiscal Matters y junto con otros actores de la sociedad civil, sindicatos y actores políticos, Social Platform ha expresado su preocupación de que las nuevas normas corran el riesgo de obstaculizar, en lugar de promover, una transición justa y una Europa sostenible y equitativa.
Abordar los grandes desafíos de Europa, como acelerar una transición socialmente justa, reducir la pobreza y las desigualdades, y adaptarse al futuro del trabajo, “requiere más, no menos, inversión pública”, advierten desde Social Platform. “Desafortunadamente, las nuevas normas fiscales obligan a los Estados miembros a alcanzar ratios arbitrarios de deuda (60% deuda-PIB) y déficit (3% de déficit-PIB), que conduce a un ajuste fiscal muy heterogéneo y extremadamente exigente para los Estados miembros”.
Social Platform valora positivamente algunos cambios relacionados con reformas e inversiones en prioridades como las transiciones verde y digital, o la resiliencia social y económica.
No obstante, en un contexto en que los Estados miembros puedan tener que implementar recortes significativos en el gasto “existe el riesgo de que el enfoque de la UE en otras prioridades como la competitividad, la ampliación y la defensa, continúe reduciendo el espacio político y fiscal para inversiones sociales y de transición justa urgentemente necesarias”.
La próxima fecha importante es el 20 de septiembre de 2024, cuando los Estados miembros deberán presentar planes fiscales-estructurales a medio plazo. Generalmente, las normas obligan a los Estados miembros a consultar a la sociedad civil, los interlocutores sociales, las autoridades regionales y otras partes interesadas relevantes antes de presentar su plan. Además, para calificar para una extensión de tres años del período de ajuste de los ratios de deuda y déficit-PIB nacionales, los Estados miembros deben comprometerse a un conjunto de reformas e inversiones alineadas con las prioridades de la UE.
Sin embargo, debido al plazo tan corto para la presentación del primer plan, las consultas con las partes interesadas no son obligatorias. Además, se tendrán en cuenta las reformas e inversiones relevantes incluidas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia para su extensión.
¿Qué se necesita para el próximo mandato?
Social Platform concluye que con las normas fiscales de la UE restringiendo excesivamente el espacio fiscal en muchos Estados miembros, “se necesitan urgentemente otras soluciones en el próximo mandato para cubrir las brechas de inversión y asegurar que Europa pueda convertirse en un continente más social, inclusivo y sostenible”.
Como parte de la coalición Fiscal Matters, Social Platform ha pedido a los Estados miembros que:
- establezcan un fondo de transformación justa de la UE a largo plazo (post-2026) para impulsar la transformación socialmente justa de nuestras economías y sociedades;
- adopten una nueva tributación progresiva para cubrir las brechas de inversión verde y social;
- aseguren condiciones sociales y verdes para los subsidios públicos dirigidos a empresas;
- adopten una agenda social progresista.
