El pasado 13 de julio se reunió el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, que preside el Gobierno de Portugal durante este año. En dicha reunión se acordó la Declaración de Cascais, que vuelve a constatar la apuesta de los gobiernos europeos por el modelo empresarial de Economía Social.
El documento incluye una serie de principios y recomendaciones adoptadas por dichos Estados que reconocen, entre otros aspectos, la contribución de la Economía Social, en colaboración con el sector empresarial público y privado tradicional, a ofrecer “respuestas más ágiles y de proximidad a los efectos de la COVID-19 en ámbitos cruciales de la actividad económica y en la acción social comunitaria”; así como a la “aportación de soluciones innovadoras para una transición ecológica y digital justa, desempeñando un papel clave en el fortalecimiento de la industria y la resiliencia de Europa a través del emprendimiento colectivo”.
A través de esta Declaración, los Gobiernos se comprometen a reforzar el compromiso con las anteriores orientaciones formuladas en las Declaraciones de Luxemburgo, Bratislava, Liubliana, Madrid, el Manifiesto «Pact for Impact» de París, y en la Declaración de Toledo, que fue suscrita por 19 Gobiernos de la UE el año pasado, asumiendo un entendimiento común de los valores y principios de la Economía Social afirmados en las mismas. También presta la debida atención a las medidas recomendadas en la Declaración de Mannheim sobre Economía Social, hecha pública en la Cumbre Europea de Economía Social del pasado 27 de mayo.
Los gobiernos firmantes recomendarán a las instituciones de la UE y a los demás Estados miembros el refuerzo de la apuesta por las entidades de la Economía Social, como instrumento de resiliencia en el contexto de crisis económica y social provocada por la COVID-19, incluyéndolas en los Instrumentos de Financiación Europeos y en los Planes de Recuperación y Resiliencia nacionales.
Asimismo, se comprometen a mejorar el acceso a la financiación pública y privada de las entidades de Economía Social, teniendo en cuenta las especificidades de este modelo empresarial. La Declaración advierte que “debería prestarse especial atención a la utilización de criterios sociales en la contratación pública”, así como al potencial de este modelo para “alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, entre otras cosas, mediante la inclusión de criterios pertinentes en la contratación pública”.
Por otro lado, los países apoyarán el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, el cual aprobará la Comisión Europea en el último trimestre de 2021, con el objetivo de reforzar las entidades de Economía Social y empresas sociales existentes, así como la creación de nuevas entidades, y reforzar el papel de la Economía Social en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y en el impulso de la Transición Verde y Digital.
La Declaración de Cascais hace mención también a la Educación, recomendando la estructuración, en el ámbito de la UE y mediante la movilización del programa Erasmus Plus, de una política coherente de educación para la Economía Social en los planes de estudio de todos los niveles educativos.
Los países reconocen por último la importancia de la medición del impacto social de este modelo empresarial, para lo que reforzarán la promoción de la cooperación entre el mundo académico, los centros de investigación, los institutos de estadística y las entidades y empresas de la Economía Social. El objetivo es la creación, el establecimiento y difusión de metodologías, redes de buenas prácticas y herramientas estadísticas, incluidas las cuentas satélites de la Economía Social, así como estudios e instrumentos.
El Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxdemburgo
La Declaración de Luxemburgo, adoptada en la Conferencia de Luxemburgo celebrada los días 3 y 4 de diciembre de 2015 por representantes de los Gobiernos de Francia, Italia, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia y España, establece que la Unión Europea debe llegar a un entendimiento común sobre el alcance de la economía social y respetar su enorme diversidad y su evolución histórica en todos los Estados miembro, y defiende la inclusión de la economía social en el proceso de modernización de la estrategia del mercado único. Asimismo, aboga por la celebración de encuentros a alto nivel de los responsables en materia de economía social de los distintos Estados Miembro.
Al grupo inicial firmante de la declaración de Luxemburgo, se han ido sumando otros altos representes gubernamentales responsables de la economía social de la UE. Actualmente, forman parte del Comité de seguimiento para la Declaración de Luxemburgo 19 Estados (Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, República Eslovaca, Eslovenia, Francia, Grecia, España, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Rumanía y Suecia), que son los países que han ratificado alguna de las declaraciones.
