Como punto y final de una experiencia de aprendizaje entre pares sin precedentes, REVES y CEPES se complacen en presentar el informe «Ecosistemas jurídicos para la economía social», realizado en el marco de la acción global de la OCDE para la promoción de la economía social y solidaria y financiado por la Unión Europea. El proyecto se desarrolló entre abril y octubre de 2021, y en el mismo participaron representantes de autoridades nacionales y regionales, así como organizaciones nacionales y continentales de economía social de tres continentes.
La amplia asociación que hizo posible este conocimiento colectivo se sustenta en un consorcio internacional de 26 organizaciones, compuesto, por un lado, por departamentos públicos estatales y ministeriales responsables de Economía Social de siete países: Brasil, Canadá, Corea, India, Italia, México y España; diversos gobiernos locales y regionales, como los de Cataluña, la Región de Bruselas Capital, el Estado de Puebla en México o la red francesa de entidades locales que trabajan a favor de la Economía Social. Y organismos como la OIT y el ‘Global Social Economy Forum’ (Corea del Sur).
Por parte de las organizaciones de la Economía Social, además de CEPES y REVES participaron la Confederación de Cooperativas de Trabajo de Estados Unidos, Social Economy Europe, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la Alianza Internacional de las Mutualidades (AIM), Cooperatives Europe, la Red Europea de Empresas de Inserción (ENSIE), una red de promoción a nivel local de la Economía Social de Canadá, CIRIEC, DIESIS y un centro de apoyo a emprendedores de cooperativas de Estados Unidos.
Las conclusiones presentadas ponen el acento en la necesidad de dotar a los marcos normativos de una definición jurídica de economía social basada en los principios y valores comunes que rigen este modelo empresarial, entre ellos la solidaridad, la primacía de la persona sobre el capital, la participación y gobernanza, tal y como los reconoce también la OCDE en sus más de 20 años promoviendo la Economía Social a nivel global.
Esta definición jurídica debe permitir generar mecanismos de seguimiento, reconocimiento institucional, visibilidad y fomento de la economía social, como un motor clave de la recuperación.
