Las normas sobre ayudas estatales son importantes condiciones marco para los agentes de la economía social, ya que la financiación pública desempeña un papel importante en ese ecosistema. El presente estudio examina la aplicación y el impacto del Reglamento general de exención por categorías (RGEC) en el apoyo a las empresas sociales (ES) y la contratación de trabajadores vulnerables en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Dicho Reglamento es un elemento central de las normas sobre ayudas estatales de la UE: las ayudas que cumplen sus condiciones no necesitan la aprobación formal de la Comisión, por lo que pueden concederse con bastante rapidez y sin trámites burocráticos. Los Estados miembros aplican la mayoría de las medidas de ayuda estatal en virtud del RGEC: el 93% de las nuevas medidas de ayuda no relacionadas con la crisis.
Los resultados revelan que, en lo que respecta a las empresas sociales y las ayudas a la contratación, las autoridades nacionales suelen preferir fuentes de financiación alternativas al RGEC, alegando razones como el escaso conocimiento de las normas sobre ayudas estatales, la complejidad del RGEC y las dificultades administrativas.
Según el estudio, las ES se enfrentan a obstáculos para acceder a la financiación, como el reconocimiento limitado de su personalidad jurídica y la complejidad de los entornos normativos. Las Empresas de Economía Social dependen en gran medida de los regímenes de ayudas estatales de minimis, pero esto puede obstaculizar su crecimiento. Las normas sobre ayudas estatales para el acceso a la financiación, en particular las relativas a los límites de edad y los requisitos de inversión privada, pueden plantear obstáculos para el acceso de las empresas ES a la financiación.
Los autores del estudio concluyen que para hacer frente a estos obstáculos es necesario simplificar las normas sobre ayudas estatales, aumentar la sensibilización y crear marcos normativos de apoyo adaptados a las necesidades de la economía social. Los esfuerzos para mejorar el acceso a la financiación, por tanto, deben dar prioridad a la reducción de la complejidad y al fomento de un entorno propicio tanto para las PYME como para las empresas de economía social.
Por lo que se refiere a las ayudas a la contratación de trabajadores desfavorecidos, el estudio confirmó que existen regímenes de apoyo en todos los países encuestados, tanto dentro como fuera de la economía social. En la mayoría de los países, sin embargo, el apoyo no constituye ayuda estatal, en opinión de las autoridades nacionales, o es ayuda de minimis, que no está sujeta al control de ayudas de la UE. No obstante, los autores recomiendan que las normas del RGEC podrían mejorarse ampliando la lista de trabajadores desfavorecidos y el plazo para la contratación de trabajadores desfavorecidos (a 24 meses) y trabajadores muy desfavorecidos (a 36 meses).
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/general-block-exemption-regulation.html
