El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó el pasado 23 de octubre el Dictamen ‘Contratación pública y entidades de la economía social’, dictamen de iniciativa INT/1056 cuyo ponente ha sido Ferre Wyckmans, y el coponente Alain Coheur. El Dictamen fue aprobado con 237 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.
Mediante dicho Dictamen de iniciativa, el CESE desea destacar el potencial de la contratación pública para las entidades de la economía social. Subraya el reciente informe de Enrico Letta sobre el mercado único titulado ‘Much more than a Market’, en el que se afirma que las entidades de la economía social ocupan un lugar central en la proximidad y el desarrollo sostenible de los territorios, “al encarnar la esencia de una economía centrada en el ser humano y profundamente arraigada en las comunidades locales”. El CESE acoge con satisfacción el informe Letta, que llama a acelerar las medidas del plan de acción para la economía social, de la Comisión Europea, y hace hincapié en el uso estratégico de la contratación pública de cara a apoyar la economía social.
El dictamen recuerda que alrededor de 250.000 autoridades públicas gastan el equivalente a más del 14 % del PIB anual de la Unión Europea, que asciende a 15 billones EUR, a través de la contratación pública. Y advierte que la mayoría de los poderes adjudicadores de los Estados miembros siguen adjudicando los contratos exclusivamente en función del precio o coste más bajo, es decir, que en los pliegos de condiciones no se prevén criterios de calidad ni consideraciones sociales, medioambientales o de innovación.
Es por ello que el CESE subraya la importancia de establecer “criterios innovadores con un valor real, no limitado a lo mercantil”, para la contratación pública, y tener en cuenta “el valor añadido generado desde el punto de vista social (empleo de calidad, inclusión e integración de las personas vulnerables), ecológico (incidencia medioambiental) o la proximidad territorial”.
En este ámbito, el CESE apoya “iniciativas inspiradoras” como ‘Buying for Social impact’ y ‘We Buy Social EU’, que, además de intercambiar conocimientos, permiten mejorar la comprensión mutua entre las autoridades públicas y los agentes de la economía social.
El CESE insta a la Comisión a que ponga en marcha lo antes posible el plan de acción estratégico para la contratación pública, tal como ha solicitado recientemente el Consejo de la UE, y pide que los poderes adjudicadores de la UE hagan un mejor uso de las consultas preliminares del mercado, de los contratos reservados y de la división en lotes de los contratos.
Por último, recuerda que este tipo de medidas están ya previstas en la Recomendación del Consejo de la UE sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía Social, con el fin de mejorar el acceso de las entidades de la economía social al mercado.
