El 27 de abril, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó su dictamen sobre «El papel de la economía social en la creación de empleo y en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales«, cuyo ponente es Giuseppe Guerini (Presidente del CECOP). El documento es un dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE.
En sus conclusiones y recomendaciones, el CESE agradece a la Presidencia portuguesa la solicitud de este dictamen, y considera importante considerar a los distintos organismos que componen la economía social «como un socio estratégico en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la construcción de una Unión Europea que reafirme que la función principal de la economía es servir a las personas».
Para ello recomienda que en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia para salir de la crisis pandémica, las autoridades de los Estados miembros permitan una amplia participación de los organismos de la economía social.
El CESE considera necesario consolidar los criterios operativos adoptados por las instituciones de la UE para promover un reconocimiento adecuado de las organizaciones y empresas de la economía social, en sus diversas formas jurídicas. Estos criterios exigen «que primen los objetivos sociales de interés general, que se adopte una gobernanza democrática en la que participen diversas partes interesadas y que, incluso cuando se logre una ‘rentabilidad limitada’, ésta se utilice para contribuir a la consecución de sus objetivos estatutarios».
Para medir el impacto social creado por las organizaciones y empresas de la economía social, el CESE considera necesario que la Unión Europea disponga de un sistema de cartografía estadística permanente, que le permita disponer de datos adecuados, comparables y actualizados, sobre el tamaño y el impacto del sector.
El CESE considera que, cuando el papel de la economía social en la creación y el mantenimiento del empleo afecta a trabajadores y zonas desfavorecidas, se necesitan políticas de apoyo adecuadas, en cuatro niveles: políticas fiscales; políticas de fomento de la inversión pública y privada que favorezcan el impacto social -incluso aprovechando la contratación pública y las concesiones; políticas de apoyo al empleo estable y al liderazgo económico de los trabajadores en las empresas de la economía social; y políticas de apoyo a la capacitación y a la innovación tecnológica en las organizaciones de la economía social.
En cuanto a la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo, el CESE considera que la fórmula conocida como «worker buy-outs» es una buena práctica no sólo para relanzar empresas en crisis, sino también para salvar a las PYME cuyos fundadores no tienen sucesores. Para ello podría ser conveniente crear un fondo de inversión europeo específico.
El CESE considera que la forma que adoptan las empresas de economía social puede hacerlas ideales para los nuevos tipos de emprendimiento basados en plataformas digitales y, en particular, para las actividades de la economía colaborativa, dada su propensión a implicar activamente a los trabajadores y a los usuarios de las plataformas digitales.
Considera que las organizaciones de la economía social, y en particular las asociaciones de voluntarios, son fundamentales para la cohesión, ya que alimentan el capital social y apoyan el papel responsable que desempeña la sociedad civil.
El voluntariado entre los jóvenes es un recurso clave para aumentar la empleabilidad y el capital humano de las nuevas generaciones, creando un efecto positivo que aumenta las oportunidades de empleo. También parece útil para reducir el fenómeno de los ninis, y convendría poner en marcha políticas que faciliten la transición del voluntariado a formas estables de empleo remunerado.
Por último, el CESE defiende y espera en su nuevo dictamen que el Plan de Acción para la Economía Social ofrezca la oportunidad de desplegar instrumentos operativos y propuestas legislativas prácticas.
