Los numerosos y recurrentes retos a los que se enfrenta el mundo exigen un cambio de sistema en nuestra forma de producir y consumir. El beneficio económico y el crecimiento no pueden seguir siendo la única fuerza motriz de nuestras empresas y gobiernos. Esto ha sido reconocido por la ONU y sus miembros a través del desarrollo de los ODS, y el reconocimiento de las organizaciones y empresas de la Economía Social (ES) como importantes contribuyentes a estos objetivos, a través de sus modelos económicos que ponen la primacía del objetivo social sobre el beneficio[1]
De hecho, el afán de lucro de las principales empresas las empuja a reducir costes (de todos los recursos, incluida la mano de obra) y maximizar los beneficios, la mayoría de los cuales se redistribuyen entre los inversores financieros. Con estas prácticas no se tiene en cuenta el devastador ecosistema, y el porcentaje de riqueza que se destina a la mano de obra disminuye continuamente. Este es el marco que nos ha llevado al cambio climático global y al aumento de la desigualdad a nivel mundial, así como dentro de los Estados. Estas tendencias tienen costes sociales y medioambientales, que al final pagan la sociedad y los Estados.
Sin embargo, existen modelos alternativos que permiten el rápido y profundo cambio de sistema que nuestro planeta y nuestras comunidades necesitan para sobrevivir e incluso prosperar armoniosamente. Al centrarse en objetivos sociales más que en el beneficio económico, la ES ofrece diversos modelos económicos sostenibles para las personas, las comunidades y el planeta. Es una economía del cuidado que ha sobrevivido en un mundo de dura competencia económica y explotación generalizada de las personas y los recursos naturales, porque ha respondido a las necesidades insatisfechas de las personas. Para que el refugio de la ES se convierta en una norma económica, deben desplegarse dos estrategias concomitantes: el refuerzo de la intercooperación entre los profesionales de la ES, así como cambios fundamentales en los marcos jurídicos y normativos.
En lo que respecta a la primera estrategia, es crucial que se refuerce la cooperación entre los distintos agentes de la cadena de valor de la ES, e incluso que se planifique de forma proactiva. Es necesario reforzar la capacidad de emprendimiento colectivo a través de fondos dedicados (inversiones, préstamos, apoyo económico…), incubadoras de empresas de ES, pero también a través de la colaboración con las autoridades públicas y especialmente con las administraciones locales y regionales. ¿Por qué? Porque otro principio de la ES es reinvertir la mayor parte del excedente en el objetivo social, lo que significa menos beneficios que redistribuir y, por lo tanto, menos atractivo para los inversores, que se centran sobre todo en un rendimiento alto y rápido de su inversión. Pero también porque la ES es activa en todos los sectores de actividad y, por tanto, tiene capacidad para ser autosuficiente. Por otra parte, una fuerte cooperación con las autoridades locales permitiría el florecimiento de iniciativas lideradas por los ciudadanos para responder a las necesidades territoriales gracias a organizaciones gobernadas democráticamente y arraigadas localmente. Este enfoque refuerza las prácticas democráticas y la confianza en las autoridades públicas, al tiempo que reconoce, al menos en el mundo occidental, la externalización que se ha producido en las últimas décadas de los servicios públicos a terceros, a menudo organizaciones de la ES.
La ES también suele ser muy activa en educación y formación. Debe fomentarse una mayor cooperación con los investigadores para adoptar una mejor medición del impacto y construir una narrativa sólida, a través de hechos y cifras, pero también mediante enfoques cualitativos que demuestren cómo participa la ES en la innovación social y lo importante que es el peso de la ES para una transición ecológica y digital justa. Esto es esencial, ya que muchas empresas con ánimo de lucro están surfeando la ola social y verde a través de un fuerte marketing pero poca acción. No hay tiempo para cambios marginales; lo que el planeta y las comunidades necesitan son sistemas de producción estructuralmente sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental.
El segundo eje estratégico consiste en cambiar el marco jurídico y normativo para permitir el florecimiento de empresas verdaderamente sostenibles. En este ámbito, recientemente se han producido importantes mejoras en cuanto al reconocimiento del valor de la ES y la necesidad de mejorar los marcos jurídicos. Para lograrlo ha sido necesario más de una década de diálogo estructurado con los gobiernos y las principales organizaciones internacionales. En 2013 se creó oficialmente el Grupo de Trabajo de Economía Social de las Naciones Unidas (UNTFSSE), que reúne a organizaciones de la ES, agencias nacionales de la ONU e instituciones internacionales (como la OIT y la OCDE). El trabajo de este grupo de trabajo y el firme compromiso de algunos gobiernos condujeron a la resolución de la ONU sobre economía social y solidaria. A nivel de la UE, en los últimos 20 años aproximadamente se han creado muchos grupos de trabajo activos con diversas instituciones, como el GECES (el Grupo de Expertos en Economía Social de la Comisión Europea), el Grupo de Enlace de la Sociedad Civil del Comité Económico y Social Europeo, así como el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, cuya secretaría corre a cargo de SEE. SEE ha participado activamente en todos estos grupos de trabajo, además de mantener estrechos vínculos con el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, que se creó en la Conferencia Europea de Economía Social de 2015, en el marco de la presidencia luxemburguesa de la UE. Se trata de un grupo de Estados que se comprometen a apoyar el ecosistema de la ES en la UE y en sus países. Todos ellos participaron en la elaboración del Plan de Acción Europeo de Economía Social, que se adoptó en 2021 para establecer las líneas directrices del desarrollo del ecosistema de la ES en un plazo de 10 años. Uno de los últimos resultados de este plan de trabajo es el acuerdo político sobre la recomendación de la CE al Consejo sobre el desarrollo de las condiciones marco de la economía social. SEE fue uno de los principales protagonistas del esbozo del Plan y sigue siendo una fuerza impulsora de su aplicación.
Ahora que la ES está en el punto de mira y goza de un fuerte reconocimiento por parte de muchas instituciones, ha llegado el momento de traducir estas intenciones políticas en acciones concretas. SEE, junto con sus miembros y socios, está presionando a los gobiernos e instituciones para que cumplan con sus promesas y toda la red está ahí para apoyar estas acciones mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y la puesta en marcha de acciones concretas. Por ejemplo, a escala de la UE, SEE coordina junto con Euricse la Asociación de Competencias a Gran Escala (LSP) para el «ecosistema de economía social y de proximidad» (el 14º ecosistema industrial de la UE). En este marco (y en otros proyectos), el objetivo es determinar las necesidades educativas, de formación y de competencias de los agentes de la ES para llevar a cabo la doble transición justa (ecológica y digital). En los próximos años, SEE se centrará en el desarrollo de capacidades del ecosistema de la ES y en desentrañar el compromiso político de los Estados miembros y las organizaciones internacionales.
Para saber más sobre lo que se está cociendo en el mundo de la ES, y el estado del arte de todas estas políticas y acciones, SEE está organizando junto con el Gobierno español (en el marco de la Presidencia española de la UE) la conferencia titulada «Economía Social: Personas, Planeta, Acción» en San Sebastián los próximos días 13 y 14 de noviembre. Para los que no puedan asistir, no se pierdan la próxima conferencia de SEE, que se organizará bajo la Presidencia belga de la UE los días 12 y 13 de febrero en Lieja.
[1] https://unsse.org/wp-content/uploads/2023/04/A-77-L60.pdf
