Por Víctor Meseguer, Director de Social Economy Europe
En noviembre de 2022 se cumplen 10 años desde la constitución de Social Economy Europe (SEE) como asociación europea. El próximo 7 de diciembre celebraremos esta primera década de SEE y el primer año del Plan de Acción Europeo para la Economía Social, en un evento público en el Parlamento Europeo, en Bruselas.
SEE se inscribe en una tradición que viene de lejos, como lo demuestran el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, que existe desde 1990, o la CEP-CMAF, la organización predecesora de SEE, creada en el año 2000 por el movimiento cooperativo europeo, las mutuas, las asociaciones y las fundaciones para tener una voz y un proyecto unitarios ante la Unión Europea. Sin embargo, no fue hasta noviembre del 2012, un año después de la famosa Iniciativa Europea de Emprendimiento Social (SBI), cuando nueve organizaciones constituyeron Social Economy Europe en tanto que asociación. 10 años después podemos afirmar que Social Economy Europe no ha defraudado las expectativas de sus fundadores: AIM, AMICE, CEDAG, el Centro Europeo de Fundaciones (hoy Philea), CEGES (hoy ESS-France), CEPES, SAW-B, ENSIE y REVES.
En estos 10 años, SEE ha sido el principal motor de una política europea para el conjunto de empresas y entidades de la Economía Social. SEE es la organización que apostó desde 2014 por un Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que escribió hasta dos propuestas para esta política pública europea (en 2018 y 2020), y que hoy trabaja por una implementación ambiciosa del Plan.
La organización que ha trabajado con un grupo amplio de eurodiputados/as de distintos países y colores políticos para reconstituir con éxito el Intergrupo de Economía Social tras las elecciones europeas de 2014 y 2019, y dotarle de un secretariado técnico. La organización que ha trabajado con un grupo creciente de países europeos que apuesta por la Economía Social: de los seis países firmantes de la Declaración de Luxemburgo sobre Economía Social en 2015, a los 23 países reunidos en París en febrero del 2022. Una organización que ha pasado de nueve miembros en 2012, a veinte miembros en 2022 y que tiene perspectivas de seguir creciendo. La organización que ha construido y construye alianzas con el CESE, el Comité de las Regiones, redes de investigadores como CIRIEC y otras entidades de la sociedad civil europea.
Recurriendo a una expresión manida pero acertada, si Social Economy Europe no existiese como organización, habría que inventarla. La Economía Social Europea, con sus más de 2,8 millones de empresas y entidades, sus 13,6 millones de trabajadores/as, y sus 232 millones de socios/as, necesita de una voz común en Europa para defender los intereses de este universo empresarial, fomentar su visibilidad e inter-cooperación, y para avanzar políticas ambiciosas al servicio de un proyecto común: una economía más democrática, comprometida con el desarrollo de las comunidades donde opera, generadora de equidad, bienestar, inclusión y cohesión social y territorial. También es importante recordar que organizaciones como SEE existen y viven gracias al compromiso y al trabajo al servicio de un proyecto colectivo de las organizaciones miembros y de las personas que las representan y lideran SEE, y también gracias a equipos técnicos que trabajan, implementan y aportan a la misión y visión de la organización.
Diez años después de la creación de Social Economy Europe, la economía social tiene más oportunidades que nunca a nivel europeo, también persisten desafíos que tenemos la capacidad de superar colectivamente. Por primera vez desde 1989 tenemos una política europea para el conjunto de la Economía Social, con más de 50 acciones concretas, un horizonte temporal de 9 años (hasta 2030) y el compromiso de movilizar más de 2.500 millones de euros del presupuesto europeo antes del 2027. Entre las acciones del Plan caben destacar la recomendación del Consejo sobre condiciones marco para el desarrollo de la economía social (que se aprobará en 2023, y servirá de instrumento a los Estados y al conjunto de administraciones públicas para modernizar la legislación y las políticas de fomento de la economía social), el portal único para la economía social europea (que recogerá información y todas las oportunidades de acceso a los fondos europeos para la economía social), la academia de emprendimiento juvenil (que se lanzará en febrero de 2023), nuevos estudios sobre estadísticas de Economía Social, o líneas para crear organizaciones estatales de la Economía Social (como ESS-France, CEPES, o ConcertES) en los países donde todavía no existen.
Asimismo, por vez primera la economía social es protagonista de la política industrial europea, siendo uno de los 14 ecosistemas industriales para la recuperación y la resiliencia de Europa. De esta forma y con la presentación de la hoja de ruta Vías de Transición para el ecosistema de Economía Social y proximidad el próximo 14 de noviembre en un evento híbrido desde Bruselas, la UE reconoce el papel clave de la Economía Social para innovar y acelerar unas transiciones verde y digital justas. La Comisión reconoce el gran potencial de cooperativas y comunidades energéticas para la transición energética y la autonomía estratégica de Europa en estos momentos difíciles, así como de otras formas de economía social en el ámbito del desarrollo rural, la movilidad, la alimentación, la renovación y construcción de vivienda sostenible, el reciclaje, la economía de plataforma, la industria, los servicios sociales y un largo etcétera.
En definitiva, pese al contexto difícil en el que nos encontramos a escala global, con la guerra de Ucrania, la inflación, el cambio climático, y el auge de las desigualdades y de movimientos autocráticos, celebramos estos 10 años en un momento de oportunidad para la economía social en Europa. Para aprovechar las oportunidades y dar respuesta a los desafíos de Europa, necesitamos de más alianzas y acción colectiva. Porque más economía social es una garantía de un futuro mejor: más democrático, participativo, inclusivo y resiliente. Más economía social, es más autonomía estratégica a escala de la UE, más desarrollo local compartido, en definitiva, más bienestar y más cohesión.
