El pasado 7 de septiembre se celebró la tercera reunión del proyecto ‘Promover marcos jurídicos favorables a la Economía Social’, liderado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) en el marco de la Acción Global de la OCDE por la Economía Social. El CIRIEC-Internacional participa en el proyecto como socio científico, a través de la profesora y experta jurídica Gemma Fajardo (Universitat de València, IUDESCOOP y CIRIEC-España). En la reunión participaron 35 personas de 25 organizaciones que sustentan el proyecto, entre las que se encuentran departamentos públicos y ministeriales responsables de Economía Social de seis países (Brasil, Canadá, Corea, Italia, México y España). El proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea.
Según se explica desde CEPES, en esta tercera reunión se identificaron y analizaron ámbitos legislativos que, sin ser específicos de la Economía Social, son estratégicos para su desarrollo y son emblemáticos para entender cómo estas empresas deben ser tenidas en cuenta a la hora de regular y facilitar el funcionamiento de todos los modelos empresariales en el mercado.
Uno de los ámbitos sobre los que giró el encuentro fue cómo la Economía Social forma parte de las diferentes políticas de contratación pública aplicadas desde las Administraciones públicas locales, regionales o estatales de los tres continentes para alcanzar objetivos económicos, sociales, de sostenibilidad o de inclusión social. Tal y como indica la profesora Fajardo, entre otras medidas, cabe destacar la reserva de mercado en favor de las empresas de la economía social de inserción; la obligatoriedad de insertar cláusulas sociales como la que obliga a los contratantes a subcontratar empresas de la economía social (Circulaire Gouvernement Région de Bruxelles, 26 novembre 2020), o las que incorporan como modelo de compra pública responsable las realizadas a empresas solidarias de utilidad social (Loi francesa Climat et Résilience 2021-1104 de 22 agosto 2021).
Por otro lado, también se abordó cómo diferentes marcos jurídicos tienen en cuenta las particularidades de las empresas de este modelo en cuanto a su tratamiento fiscal específico, trasladando experiencias a otros países que buscan adoptar medidas legislativas acordes con las características de las empresas de Economía Social. El tratamiento fiscal específico se concibe, como destacó Agnè Mathis, directora de Cooperatives Europe, no como una ventaja sino como la adecuada adaptación del régimen fiscal a las limitaciones que tienen estas empresas.
La financiación fue otro de los temas tratados. Así, se abordó la existencia de mecanismos innovadores de financiación promovidos directamente no solo por las Administraciones para la Economía Social, sino también desde estas empresas, porque se adaptan mejor a las demandas de un mercado financiero más responsable y transparente. En otros se puso en común la experiencia y regulación de las cooperativas de crédito y bancos comunitarios; los bonos sociales, los microcréditos y las monedas sociales. Roser Hernández, subdirectora de Economía Social y Solidaria y Cooperativas de la Generalitat de Catalunya, destacó la importancia de la formación en finanzas éticas no sólo en la universidad, sino también en los colegios.
Asimismo, los asistentes expusieron el funcionamiento de programas de apoyo y desarrollo a la Economía Social y coincidieron en la importancia de contar, no solo con financiación, sino además con programas de acompañamiento al emprendimiento y a la generación de empleo decente desde la Economía Social y la visibilidad de este modelo empresarial. La promoción de la economía social se vincula en ocasiones con otras realidades más o menos cercanas, que también fueron objeto de atención, como la economía solidaria y la economía popular, muy presente en países como Brasil.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño ha señalado que las experiencias concretas presentadas por poderes públicos de Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, España, Francia o Italia “confirman que las administraciones de todos los niveles y todos los marcos normativos que regulan políticas socioeconómicas deben tener en cuenta los modelos de empresa de la Economía Social. Entenderlo así es clave no solamente para regular su funcionamiento en el mercado, sino también para fomentar de manera transversal un modelo de empresa que es clave para asegurar una salida justa y una transformación sostenible tras la crisis del COVID”.
Más datos del Proyecto
El proyecto ‘Promover marcos jurídicos favorables a la Economía Social a nivel global’, que comenzó en abril y se extenderá hasta octubre de este año, fue seleccionado por la OCDE junto con otras 5 iniciativas por saber conjugar su experiencia en el ámbito de la Economía Social con la formación de un consorcio en el que participan actores clave para generar un ecosistema mundial a favor de la Economía Social.
El consorcio internacional que pilota CEPES está conformado por un total de 25 socios entre departamentos públicos y Ministeriales de Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, Francia, España, Italia y México, y, junto a CEPES, organizaciones del ámbito de la Economía Social de Canadá, Estados Unidos y de la Unión Europea, además de la OIT, la ACI, CIRIEC-INTERNACIONAL, AIM y el Foro Global de la Economía Social.
